Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2020

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Iquique, pertenecientes a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en un trabajo coordinado, con el Ministerio Público, detuvieron a ocho personas, seis de ellas funcionarios de la Ilustre Municipalidad de esta ciudad por los ilícitos en comento. Paralelamente, en el marco de este operativo policial, otras siete personas fueron detenidas en la ciudad de Santiago. La investigación, que duró más de dos años, dice relación con la presunta responsabilidad de los detenidos por cohecho y otros delitos económicos, respecto a la obtención fraudulenta de procesos licitatorios. Dentro de las diligencias realizadas, fueron allanadas tres dependencias de la Municipalidad y algunas casas particulares, incautándose computadores, celulares y otra evidencia relevante para el desarrollo de la diligencia.

Los siete detenidos en la Región Metropolitana, serán trasladados a Iquique, para la respectiva audiencia de formalización.

DEFENSA

La defensora penal pública Paulina Aracena fue la única abogada que cuestionó ampliar la detención de los presuntos involucrados en la investigación por cohecho que permitió detener en la madrugada del miércoles a 8 personas, entre ellas a 4 concejales de la Municipalidad de Iquique. Interviniendo en nombre de su representada, una funcionaria municipal, la abogada subrayó que la parte acusadora tuvo dos años para preparar la formalización de cargos, por lo que no le parecía admisible la petición hecha por el fiscal a cargo del caso.

La profesional también se opuso que la mujer fuera llevada por el tiempo de la ampliación de la detención hasta el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, indicando que no era un recinto apropiado para mantener a personas a las cuales aún no se les formalizaba por delito alguno, además que tenían un mayor riesgo sanitario debido a la pandemia del coronavirus.

Finalmente, el Juez de Garantía de Iquique, Ricardo Leyton, ordenó que los aprehendidos permanecieran hasta el viernes en esa condición, pero aceptó la petición de la defensora en orden a que la funcionaria asistida por la Defensoría no fuera trasladada hasta el recinto de Gendarmería sino que permaneciera en dependencias de la PDI, en donde estaba después del operativo.

La audiencia en que se debatieron estos temas fue realizada para controlar la legalidad de las detenciones, y fue cumplida por sistema de videoconferencia, con la participación remota de cada uno de los intervinientes, incluidos los 8 aprehendidos, al conjunto de los cuales se les pesquisa por presuntos delitos de cohecho, quebrantamiento de secreto y lavado de activos.

El caso fue monitoreado desde temprano por la Defensoría Penal Pública de Tarapacá, cuyos abogados tomaron contacto con los investigados en cumplimiento de la misión institucional de garantizar que se ejerciera oportunamente el derecho a defensa penal que tiene toda persona. Finalmente, la única que optó por seguir con defensa penal pública fue la funcionaria municipal, identificada con las iniciales D.V.